En recientes fechas, el portal del Consejo de la Judicatura Federal, publicó una nota informativa, donde comunicaba la suspensión temporal del juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Monterrey, Nuevo León, esto, con motivo de supuesta corrupción con casinos localizados en el municipio de San Pedro, Garza García.
La denuncia presentada ante el órgano de disciplina y vigilancia, se interpuso por el presidente municipal de esa entidad, quien el treinta y uno de marzo del año en curso, lo acusó de actos de corrupción con esos centros de apuestas.
Con posterioridad, en la misma web, se publicó otra nota, ahora, respecto de la investigación realizada al licenciado Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, servidor público que en una cuenta bancaria realizó movimientos por 432 millones de pesos.
Aunado a los anteriores comunicados de prensa, el mismo órgano disciplinario, por ese mismo medio, también dio a conocer la negativa de ratificación del licenciado Miguel Ángel Ramos Pérez, como Magistrado de Circuito en el Estado de México, tras la sanción que se le impuso por una conducta de hostigamiento con una subordinada de su recinto judicial. Por razones desconocidas, ya no aparecen los comunicados mencionados en la web del Consejo.
Aquí, la foto de estos ejemplares servidores públicos, acomodados por su orden de aparición en el presente artículo:
Los anteriores acontecimientos, hacen ver que el Consejo de la Judicatura Federal ha tomando acciones firmes en contra de servidores públicos que incurrieron en faltas a la ética que se les exige a los impartidores de justicia pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; por supuesto, dos de ellos con mayor eco en los medios de información, porque se trata de titulares de órganos jurisdiccionales (juez y magistrado), en cuanto al secretario de Juzgado, se dio una mayor difusión por la cantidad exagerada de movimientos que hizo en su cuenta (creo que movió más dinero que el melate).
Pero, sin llegar a ideas que caigan en el pesimismo o ser "agua fiestas" tengo una pregunta que hacerle al multimencionado órgano disciplinario, ¿se tomarán también medidas en contra de aquellos o aquellas (por eso de la equidad de género) servidores públicos de menor jerarquía (secretario, actuario, oficial, etc) que abusan del supuesto "privilegio" concedido por un juez o magistrado para afectar la dignidad humana de sus pares o subordinados?
Para ser más claro, hablo de aquellas personas que tienen un enlace sentimental (si se pudiera llamar así) o lazo familiar con el titular de un juzgado o tribunal, quienes se sienten los dueños de los recintos judiciales, incluido su personal, a los cuales llegan a la barbarie de dar ocupaciones de trabajadores domésticos o jardineros en sus hogares, como si el órgano jurisdiccional fuera un negocio particular.
Sería bueno que el Consejo empezara a realizar visitas extraordinarias a diversos órganos jurisdiccionales de la República, para que atendiera este tipo de problemas, que en el menor de los casos, es denunciado por el personal operativo, por miedo a perder su trabajo, pero que no dejan de ser importantes, porque sin la menor duda, llegan a afectar el estado psicológico de una persona y, consecuentemente, el buen funcionamiento del centro laboral.
No debemos olvidar que en el último semestre del dos mil nueve, la Comisión Nacional de Ética Judicial en el expediente 01/2009 se integró la recomendación para que se reglamente la prohibición de que Jueces y Magistrados federales nombren como sus subordinados a personas con las que tengan algún vínculo familiar o de interés personal o de negocios.
¿Pero en realidad se atenderá esa recomendación por parte de los jueces o magistrados?
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