sábado, 11 de junio de 2011

¿Equidad de género o prioridad a la mujer?


El veintiséis de mayo de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó el párrafo segundo de la fracción II y se adicionaron los párrafos tercero y cuarto del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esto, supuestamente, para mejorar los procedimientos de selección en los concursos por oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito.

El primer párrafo de la fracción mencionada, dispone que los aspirantes a esas categorías (juez o magistrado), deben resolver un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias relacionadas a la plaza para la que concursa; dicho de otra manera, si el concurso es para ocupar una plaza de juez o magistrado especializado, los reactivos serán en materia civil, mercantil, penal o administrativo.

Ahora, solamente pasarán a la siguiente etapa, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, obviamente, el numero de concursantes, hasta esta etapa, será mayor al de las plazas vacantes.

El Consejo de la Judicatura Federal, desde la convocatoria, es decir, desde el inicio, será el encargado de fijar los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio.

Pienso que hasta aquí no hay mayor problema en el método para la selección de aspirantes a juez o magistrado federal, sino que lo cuestionado, aparece en el último de esa fracción, que a continuación transcribo para que no pierda originalidad o se vaya a pensar manipulación de mi parte:


"En caso de empate, se resolverá con criterio de acción afirmativa de equidad."

Sí señores o señoras, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que en caso de que empate, entre concursantes a la vacante de Juez o Magistrado, el asunto será resuelto con "criterio de acción afirmativa de equidad".

¿Qué nos quiere decir esto?, bueno según entendí en una plática impartida por el Ministro Cossio Díaz, en un evento realizado en semanas pasadas en la Ciudad de México, en caso de empate entre dos aspirantes de diferentes sexos (hombre y mujer) para ocupar la vacante de juez o magistrado, la balanza se inclinará a favor de la mujer, pues se explicaba que son pocas las juzgadoras dentro del Poder Judicial de la Federación, pues en forma evidente,  han sido más los hombres, quienes ocupan los cargos de titular en un órgano jurisdiccional.

Esto de verdad no me parece del todo acertado, pues sin caer en pensamientos machistas, no es culpa de los varones que sean pocas las mujeres que se inscriben en las convocatorias que emite el Consejo de la Judicatura Federal, para ocupar la plaza de Juez o Magistrado, o bien, pasen cada una de las etapas de la selección.

No estoy de acuerdo en el criterio de desempate, pues si en realidad se busca una equidad de género, ambos aspirantes de diferente sexo, deben ser evaludados en similares condiciones.

En fin, vamos a ver si cuando esté en ese supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal resuelve bajo esa perspectiva, no tiene problemas mediante impugnaciones por los varones que sean descartados, o bien, se piense que en lugar de resolver con un criterio de acción afirmativa de equidad, se está preivilegiando a una dama por otras "cualidades", no precisamente de conocimientos en la materia.

Por: El Justicia de Áragón

viernes, 10 de junio de 2011

¿ÉTICA EN LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN?

 
En recientes fechas, el portal del Consejo de la Judicatura Federal, publicó una nota informativa, donde comunicaba la suspensión temporal del juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Monterrey, Nuevo León, esto, con motivo de supuesta corrupción con casinos localizados en el municipio de San Pedro, Garza García.

La denuncia presentada ante el órgano de disciplina y vigilancia, se interpuso por el presidente municipal de esa entidad, quien el treinta y uno de marzo del año en curso, lo acusó de actos de corrupción con esos centros de apuestas.

Con posterioridad, en la misma web, se publicó otra nota, ahora, respecto de la investigación realizada al licenciado Esiquio  Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, servidor público que en una cuenta bancaria realizó movimientos por 432 millones de pesos.

Aunado a los anteriores comunicados de prensa, el mismo órgano disciplinario, por ese mismo medio, también dio a conocer la negativa de ratificación del licenciado Miguel Ángel Ramos Pérez, como Magistrado de Circuito en el Estado de México, tras la sanción que se le impuso por una conducta de hostigamiento con una subordinada de su recinto judicial. Por razones desconocidas, ya no aparecen los comunicados mencionados en la web del Consejo.

Aquí, la foto de estos ejemplares servidores públicos, acomodados por su orden de aparición en el presente artículo:

Los anteriores acontecimientos, hacen ver que el Consejo de la Judicatura Federal ha tomando acciones firmes en contra de servidores públicos que incurrieron en faltas a la ética que se les exige a los impartidores de justicia pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; por supuesto, dos de ellos con mayor eco en los medios de información, porque se trata de titulares de órganos jurisdiccionales (juez y magistrado), en cuanto al secretario de Juzgado, se dio una mayor difusión por la cantidad exagerada de movimientos que hizo en su cuenta (creo que movió más dinero que el melate).

Pero, sin llegar a ideas que caigan en el pesimismo o ser "agua fiestas" tengo una pregunta que hacerle al multimencionado órgano disciplinario, ¿se tomarán también medidas en contra de aquellos o aquellas (por eso de la equidad de género) servidores públicos de menor jerarquía (secretario, actuario, oficial, etc) que abusan del supuesto "privilegio" concedido por un juez o magistrado para afectar la dignidad humana de sus pares o subordinados?

Para ser más claro, hablo de aquellas personas que tienen un enlace sentimental (si se pudiera llamar así) o lazo familiar con el titular de un juzgado o tribunal, quienes se sienten los dueños de los recintos judiciales, incluido su personal, a los cuales llegan a la barbarie de dar ocupaciones de trabajadores domésticos o jardineros en sus hogares, como si el órgano jurisdiccional fuera un negocio particular.

Sería bueno que el Consejo empezara a realizar visitas extraordinarias a diversos órganos jurisdiccionales de la República, para que atendiera este tipo de problemas, que en el menor de los casos, es denunciado por el personal operativo, por miedo a perder su trabajo, pero que no dejan de ser importantes, porque sin la menor duda, llegan a afectar el estado psicológico de una persona y, consecuentemente, el buen funcionamiento del centro laboral.
No debemos olvidar que en el último semestre del dos mil nueve, la Comisión Nacional de Ética Judicial en el expediente 01/2009 se integró la recomendación para que se reglamente la prohibición de que Jueces y Magistrados federales nombren como sus subordinados a personas con las que tengan algún vínculo familiar o de interés personal o de negocios.

¿Pero en realidad se atenderá esa recomendación por parte de los jueces o magistrados?